Un año de prisión, seis meses de multa, a razón de seis euros diarios, y una indemnización de 5.718 euros es la condena impuesta a Antoni Camps Casasnovas, como responsable del delito agravado de infidelidad que prometió cuando era administrador y secretario de la Asociación de Vecinos del complejo Tamarinda en la Plaza del Faro, en la urbanización Cala en Bosc, en Ciutadella, durante 2017. Una sentencia que también le impide presentarse a las elecciones como candidato.
El juzgado ha tardado casi siete meses Sección Segunda de la Audiencia Provincial durante la emisión de la sentencia condenatoria tras el juicio celebrado a principios de mayo. El fiscal pedía una pena de dos años y tres meses de prisión que finalmente se ha reducido a uno.
Los tres magistrados de la sala, sin embargo, pretenden absolver al excoordinador de Vox en la Isla por delitos administrativos injustos y falsedad documental por los que la acusación particular también exigía sanción. Este lo encabeza el que fuera presidente de la comunidad, quien al mismo tiempo era socio de Camps en una empresa que se dedicaba al mantenimiento de casas y jardines y que era empleada del mismo grupo de vecinos.
La acusación particular planteó la petición de pena de seis años y siete meses de prisión por los tres delitos, la misma indemnización que pide la fiscalía, más 3.000 euros por daño moral.
Camps Casasnovas anunció el sábado que era renunció a su cargo en la formación políticatras conocer la sentencia que actualmente lo inhabilita para presentarse a las próximas elecciones.
Así resolvió el juzgado, el exdirigente de Vox en Menorca llenado con cheque en blanco de la cuenta corriente de la sociedad que su presidente en ese momento le impuso, como solía hacer los pagos del público a los proveedores, tras incorporar su propia firma, como condición obligatoria para poder cobrarlos.
En uno de ellos consta que retiró 7.500 euros, el 4 de julio de 2017. Cuatro meses después hizo lo mismo con otro de 1.968 euros, que también retiró. De las dos cantidades, ha devuelto 3.750 euros, junto a otro de los socios de la empresa mantenedora.
El motivo propuesto en su día la hostilidad del entonces presidente de la comunidad de vecinos con Antoni’s Camps, habiendo sido ambos socios de dicha sociedad que finalmente quebró, junto con otros dos socios. Según dijo el acusado en el juicio, parte de esas cantidades fueron utilizadas para pagar las deudas de la otra empresa. Como era administrador de Tamarinda y socio de esta última empresa, realizaba movimientos, en unos casos anticipos de la comunidad a la empresa de mantenimiento, y en otros facturas de una empresa familiar propiedad del propio presidente de la comunidad que finalmente fue negado
Ese tribunal ha concluido sin el conocimiento o consentimiento del presidenteSegún ha declarado, llenó los tres cheques «y los utilizó para quebrantar su confianza al endosar la cantidad de 5.718 euros que perdió la junta de vecinos». No se acredita debidamente, muestra la sentencia, que el dinero estuviera depositado en la cuenta de Casas y Jardines SL, como declaró Camps, ni que se tratara de un anticipo. Tampoco se mencionó este movimiento en la aprobación de la cuenta de 2017 y en 2018, cuando los socios ya habían descubierto el movimiento.
