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La víctima del sacerdote mallorquín calcula la indemnización que debe pagar el obispado en 468.000 euros.

EL PAÍS inició en 2018 una investigación sobre la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoces algún caso que aún no haya visto la luz, escríbenos: abusos@elpais.es. Si se trata de un caso latinoamericano, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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El obispado de Mallorca ha ofrecido una compensación económica a la víctima de un sacerdote condenado por abusos, un caso que ella misma admitió esta semana, y le ha pedido que calcule los gastos ocasionados por la terapia: ascienden a casi medio millón de euros, según ha confirmado la mujer a EL PAÍS. Esta cifra es el resultado del dinero invertido durante 26 años en terapia y medicación, con una media de 1.500 euros al mes, lo que suma al menos 468.000 euros. Si el obispado aceptara, sería la mayor suma jamás pagada por la Iglesia española por abusos sexuales, en este caso a una mujer adulta considerada vulnerable por sus trastornos psicológicos, condición que el Vaticano equipara en su legislación a los abusos a menores.

Hasta ahora la cifra más alta conocida, en el contexto del secretismo que reina en la Iglesia española, es la que pagaron en 2020 los Maristas en Cataluña por abusos a menores en sus colegios, unos 400.000 euros, pero se trataba de una indemnización colectiva a 25 personas. En Mallorca es, en todo caso, sólo un reembolso de los gastos que esta mujer tuvo a su cargo, no una indemnización por el daño causado, ya reconocido por la diócesis en la condena del sacerdote Julià Cifre Vanrell. Se trata de un caso incluido en el cuarto informe sobre abusos en la Iglesia que EL PAÍS entregó a la Conferencia Episcopal (CEE) y al Defensor del Pueblo el pasado mes de junio, y que fue publicado la semana pasada por la revista Diario de Mallorca. Además, esta mujer también le denunció ante los tribunales.

El caso es un hito para la Iglesia española, que en su guía de mayo sobre cómo tratar las acusaciones de pederastia, el documento Instrucción de la CEE sobre abusos sexuales, rehúye la compensación y ni siquiera la menciona. En realidad, cada obispo y cada orden religiosa van a su aire, según su buena o mala disposición, y la indemnización se maneja con total opacidad. En este caso, el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, que además entregó a la víctima una copia de la sentencia canónica, lo cual es muy poco habitual y prueba de transparencia, podría sentar un precedente.

La Iglesia española nunca ha querido revelar el importe de las indemnizaciones pagadas por casos de pederastia. Según un cálculo de EL PAÍS sobre las sentencias conocidas, ya se han pagado al menos dos millones de euros, con una media de 12.000 por caso, pero con importes máximos de 50.000. Los jesuitas han pagado hasta 72.000 euros y los maristas 35.000, según reveló este diario. La Compañía de Jesús tiene una tabla que establece un pago de 5.000, 10.000 o 15.000 euros, según si el abuso se considera leve, medio o grave, un sistema considerado un insulto por los afectados. Además, tanto maristas como jesuitas exigen un pacto de silencio, lo que contradice las órdenes del Papa. En cuanto a la vía civil en los tribunales, aún no se ha explorado, y de momento hay una causa abierta en Cataluña contra la Abadía de Montserrat y el obispado de Sant Feliu de Llobregat por Miguel Hurtado, víctima de abusos en el monasterio catalán, que les pide una indemnización de 150.000 euros, por ser responsables subsidiarios.

El obispado de Mallorca no ha aclarado por el momento si accederá a la petición de esta mujer de 53 años, un caso especialmente grave porque no sólo ha denunciado ante los tribunales los abusos que sufrió durante tres décadas, aprovechándose de su vulnerabilidad psicológica, por parte de Julià Cifre Vanrell, sino también de dos jesuitas del colegio Montesión de Palma, Fernando Meseguer Ruiz y Luis Añorbe Sádaba. Así se lee en la denuncia presentada el pasado mes de junio, a la que ha tenido acceso este periódico. En el caso de Meseguer, afirma que los abusos comenzaron cuando tenía 15 años y era menor de edad.

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Los jesuitas aún no han comentado ninguna posibilidad de indemnización y la víctima afirma que no ha tenido noticias de la orden desde que denunció los hechos a la Compañía hace dos años, en abril de 2021. En cuanto a la diócesis de Mallorca, el comunicado con el que anunció el lunes la condena del sacerdote dice que «expresa su petición de perdón a la víctima y su disposición a seguir apoyándola y acompañándola en su proceso terapéutico, espiritual y económico». Preguntado por este periódico sobre si aceptará la cantidad que la víctima pretende solicitar, el Obispado prefirió no responder: ‘Los responsables tratarán estos asuntos directamente con ella, como han hecho hasta ahora y como corresponde en el proceso’. Lo cierto es que en la reunión que el vicario judicial mantuvo con la víctima el martes, le expresó su voluntad de pagarle una indemnización: «Me pidieron que escribiera la carta de solicitud de compensación económica.

La víctima ya ha hecho sus cálculos, que también había hecho en el proceso canónico, según la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico. La resolución considera probado que el sacerdote «causó daños físicos y psíquicos» a la víctima. La cifra tiene en cuenta todo el dinero que gastó «intentando vivir», tratando de mejorar su «estado de salud física y psíquico-emocional», gravemente dañado por las agresiones. La mujer enumera, entre otros conceptos, 400 euros al mes en fármacos psiquiátricos; entre 130 y 260 en psicoterapia; 100 en psiquiatras; 400 en gastos de desplazamiento para consultas, a veces en otra ciudad. A pesar de todo, la denunciante quiere dejar clara una cosa: «Mi objetivo no es el dinero. Nunca lo ha sido. De hecho, doy este paso porque me lo ha pedido el vicario episcopal, Nadal Bernat. Lo único que he recibido de él es comprensión, empatía y ganas de ayudarme’.

Para la víctima, la condena del sacerdote fue una noticia «agridulce». Positiva, por un lado, porque por fin llegaba la sentencia contra Cifre, después de tres años, desde que ella lo había denunciado en septiembre de 2020. Pero la denunciante critica la sentencia canónica, que impone al sacerdote tres años sin decir misa en público, pero no le expulsa del clero ni menciona la violación. En el juicio, el sacerdote alegó, según la sentencia, que las relaciones fueron consentidas y que «no fue un delito, sino sólo un pecado».

Al final, el tribunal encontró pruebas de la vulnerabilidad de la víctima, que padece una serie de patologías, psiquiátricas y oncológicas, que le suponen un grado de minusvalía del 68% y que la llevaron a la jubilación a los 50 años por incapacidad permanente absoluta. Entre otras, padece un trastorno límite de la personalidad que, a lo largo de los años, le ha provocado conductas suicidas y autolesivas, graves trastornos alimentarios y daños en las relaciones interpersonales. Sin embargo, la sentencia de la Iglesia opta por creer al sacerdote cuando afirma que no sabía nada de los trastornos psicológicos de la denunciante, y por tanto no ve el requisito necesario del conocimiento de la causa de los abusos para condenarle a la expulsión del clero.

Una vida marcada por los abusos sexuales

La terrible historia que cuenta esta mujer comienza con los abusos de su propio padre, al que también denunció ante los tribunales, aunque ya han prescrito. «Como normalicé la violación por parte de mi padre, dejé que otros tres padres lo hicieran», dice la mujer. Luego acusa al jesuita Fernando Meseguer Ruiz de abusar de ella cuando tenía 15 años, situación que duró 26 años. Después, acusa, vino el otro jesuita Luis Añorbe Sádaba y finalmente Julià Cifre. Según su relato, los abusos se sucedieron simultáneamente durante tres décadas.

La víctima explica que los abusos de Cifre fueron los primeros de los que pudo hablar, en una sesión de psicoterapia en 2017. Afirma que empezaron en 1994, cuando ella tenía 24 años y acababa de comprarse un piso. «Este hombre, que era el cura amigo de la familia y que solía visitarme en casa de mis padres, empezó a visitarme en mi casa. Le conté que mi padre me había violado y le critiqué duramente, pero empezó a abusar de mí», cuenta la chica. «Aunque no me penetró, eyaculó. Me obligaba a tocarle el pene y estaba obsesionado con besarme en moldes y acariciarme las tetas. Cuando estaba en el hospital, debido a mis problemas psiquiátricos y al cáncer, me visitaba. Rezábamos, me daba la comunión y me subía el camisón para abusar de mí’, recuerda la mujer. Estos abusos, dice, duraron hasta los 50 años, cuando decidió denunciarlo.

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Cuando pudo empezar a hablar de ello en psicoterapia, contó también los abusos que había sufrido por parte de los dos jesuitas. Por fin encontró fuerzas para actuar: denunció a Cifre en septiembre de 2020 y a los dos jesuitas en abril de 2021. La Compañía de Jesús ya había condenado a Añorbe en un juicio interno en 2022 y le había impuesto un precepto penal con restricción de su movilidad, limitación total de sus actividades pastorales y prohibición de actividades con menores y adultos. Sin embargo, la víctima afirma que nunca se le informó de nada de esto. En cuanto a Meseguer, que también recibió otras dos acusaciones en Zaragoza, sigue abierto un juicio canónico. «Hasta entonces, los terapeutas no entendían por qué había intentado suicidarme tantas veces, por qué no quería vivir. Era porque estaba acabando con el horror de haber sido violada por tres padres al mismo tiempo», explica la denunciante.

Fernando Meseguer (izquierda), jesuita acusado de abusos sexuales, posa rodeado de jóvenes durante un campamento que organizó en Las Hurdes, Extremadura, en 1990. Foto facilitada por la víctima.

El de Cifre fue el primer abuso del que habló, pero no el primero que dice haber sufrido. Después de su padre, acusó al jesuita Fernando Meseguer, al que conoció en 1985, cuando tenía 15 años. «Yo iba todas las semanas al colegio Montesión, que tenía un lugar de formación cristiana para jóvenes llamado Congregación Mariana. Allí le conocí a él, que participaba en diferentes actividades, incluido el coro», relata. «Establecimos una relación de confianza y le conté que mi padre abusaba de mí. Lejos de ayudarme, empezó a ayudarme también….. Empezó a ser más atento conmigo y a llevarme a casa. También salíamos a pasear y me metía la mano bajo la ropa», continúa la mujer. Los abusos, dice, se intensificaron hasta el punto de que el sacerdote la violó en su despacho de la escuela.

Pero la peor experiencia, dice, fue en uno de los últimos campamentos de Las Hurdes (Extremadura): «Me obligó a dormir en su habitación para protegerme. La puerta estaba cerrada con llave y me maltrataron de arriba abajo’. También tiene otro recuerdo grabado en la memoria: «Un día, durante una fiesta entre los monitores, Meseguer me robó ropa de la mochila y se disfrazó de mí. Me bautizó, arrodillado en el suelo, yo mirando al suelo y él agarrándome con un trapo, con el apodo de ‘Mofi’, mofeta, porque decía que podía oler en el momento en que me regañara o hiciera algo contra mí. Solía burlarse de mí delante de todo el mundo, pues llevaba cinco o seis años violándome. Era un acosador como un piano. Delante de todos, se enfadaba por mi forma de ser’.

El jesuita Fernando Meseguer, acusado de abusos sexuales y violación por una mujer de Mallorca, vestido con la ropa de la víctima, en un campamento de Las Hurdes, Extremadura, en los años 90. Foto facilitada por la víctima.
El jesuita Fernando Meseguer, acusado de abuso sexual y violación por una mujer mallorquina, vestido con la ropa de la víctima, en un campamento de Las Hurdes, Extremadura, en la década de 1990. Foto facilitada por la víctima.

Meseguer abandonó Mallorca en 1988, pero la denunciante siguió acompañándole al campamento extremeño todos los veranos. «Me citaba y me violaba cada vez que venía de visita. Aprovechando que me gustaba tocar el órgano en la iglesia de Montesión, me llevaba allí a tocar y luego me metía en una sala del coro de la iglesia, donde me violaba. Continuó hasta 2021 pidiéndome fotografías de mi cuerpo desnudo por WhatsApp», relata la mujer.

En cuanto salió a la luz el caso de Meseguer, surgieron dos denuncias contra él en Zaragoza. Según informaba esta semana el Heraldo de Aragón y confirmado a EL PAÍS por una portavoz de los jesuitas, dos personas denunciaron un posible caso de «conducta impropia» y otro de «posibles abusos» por parte de este sacerdote. Trabajó durante dos periodos en el colegio El Salvador de Zaragoza -entre 1977 y 1981 y de 1990 a 2007- y también estuvo en el noviciado de los jesuitas de la capital aragonesa durante el curso 1984-1985 y en el colegio de los jesuitas de Oviedo entre 2016 y 2021.

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El mismo año de la marcha de Meseguer, en 1988, llegó Luis Añorbe Sádaba para sustituirle. Según la denunciante, procedía del colegio El Salvador de Zaragoza, del que había sido expulsado porque durante una excursión con alumnos y padres se había bañado «desnudo» en un lago. En Palma era profesor de religión, física y química, matemáticas e informática. «Lo tenía a raudales. Enseguida entablamos amistad, pues nos veíamos todas las semanas en la Congregación Mariana. Me dio la llave de su despacho en Son Moix, el mismo que utilizaba el otro», empezó. Cuando descansábamos en el sofá, empezó a besarme en la mejilla, en la boca y con la lengua….. Las situaciones se volvieron cada vez más desagradables y al final llegó a violarme’, cuenta. Para entonces yo ya tenía 18 años.

Con los años, Añorbe también abandonó Mallorca. Según la víctima, el marido de una de las amantes del jesuita comunicó a la Compañía de Jesús que lo trasladarían o haría público el asunto. Entonces fue enviado a Huesca. La orden, sin embargo, afirma que «fue trasladado por razones apostólicas». Al igual que Meseguer, siguió viéndose con esta mujer cuando iba a Mallorca y pidiéndole fotografías y vídeos de carácter sexual, hasta 2021.

Según la denunciante, los jesuitas conocían los abusos desde hacía años y los encubrieron. La mujer afirma que el director de la Congregación Mariana del colegio jesuita de Montesión conocía los hechos. «No vivía en Mallorca, sino que venía a Palma para hacerse exámenes médicos y se quedaba en Montesión. Se lo conté todo en una entrevista, creo que en 2005, y me dijo que lo guardaría como secreto de confesión», relata la víctima, que subraya que no fue una confesión, sino una conversación. Fue un truco para no verse obligado a informar a sus superiores.

«Todo esto no me producía ningún placer y les odiaba. Pero no me atrevía a negarme, mi forma de ser sumisa me lo impedía. Así me habían educado. Me callaba y obedecía», explica. Según ella, todo se debe a que creció en un entorno familiar muy religioso y conservador, hija de un padre que la violó.

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Periodista en Gaceta Balear

Martina Rodríguez es periodista española nacida en Mallorca, España, en 1965. Comenzó su carrera trabajando como reportera local para el Diario de Mallorca. En 1993, fue contratada por el periódico nacional El País, donde trabajó como corresponsal en la oficina de Madrid. También ha trabajado como periodista independiente para varias publicaciones, incluyendo El Mundo y The Guardian. En los últimos años, ha sido colaboradora habitual de la revista online Gatopardo.

Rodríguez está considerada como una de las principales periodistas españolas. Ha ganado varios premios por su trabajo, entre ellos el Premio de la Asociación de la Prensa de Madrid (2003) y el Premio Nacional de Periodismo (2007). En 2010 recibió el prestigioso Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.

Rodríguez también ha participado activamente en la promoción de la libertad de prensa y la libertad de expresión en España. En la actualidad colabora con el diario de las islas baleares: Gaceta Balear.

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