La Audiencia Nacional ha descartado que la rama mallorquina de Los Ángeles del Infierno, la banda motera fundada en Estados Unidos y con tentáculos en varios países, formara una ‘organización criminal’ en la isla española. El tribunal, que condenó el martes a 32 de los 45 acusados a penas mínimas, subrayó que «no ha quedado probado» que los acusados formaran «una estructura criminal jerarquizada, con pretensiones de permanencia y en la que cada uno de sus miembros adopta un papel específico». «No constituyen una verdadera empresa criminal», subrayó el fallo de los jueces, rechazando así una de las principales demandas de la fiscalía anticorrupción.
Durante el juicio, celebrado entre enero y febrero, la fiscalía llegó a un pacto masivo con 35 de los acusados, muchos de los cuales admitieron el delito de pertenencia a una «organización criminal» (además de otros como prostitución, blanqueo de dinero y amenazas). El acuerdo estipulaba que aceptarían la versión de la fiscalía sobre el caso, que señalaba a la organización Los Ángeles del Infierno como grupo criminal; pero también estipulaba que las penas de prisión impuestas contra ellos se sustituirían por una multa económica, evitando el ingreso en prisión.
Sin embargo, la negativa de una docena de ellos a firmar este acuerdo permitió al tribunal analizar y pronunciarse sobre el delito de organización criminal. Y, al final, lo descartó. Nadie fue condenado por este delito, ni siquiera los que lo admitieron durante la vista.
Los jueces explican que «muchos» de los acusados, que se habían instalado en Mallorca, estaban vinculados a la banda de motoristas; y admiten haber cometido delitos. Pero los magistrados afirman que no se ha probado que lo hicieran ‘al amparo de la asociación’. ‘No ha quedado acreditado que Los Ángeles del Infierno sea una organización perfectamente estructurada, que ejerza un control interno sobre sus miembros de forma coactiva o violenta, con un fuerte carácter jerárquico y una férrea disciplina’, reza la sentencia dictada el martes, que concluye: ‘[No] se constató que [sea una] empresa criminal dedicada a la obtención de beneficios para ingresarlos en un fondo común para atender las necesidades de esta estructura y prolongar las supuestas actividades delictivas». En este sentido, por ejemplo, la resolución insiste en que ‘no se han descrito reuniones periódicas entre sus miembros para preparar operaciones ilícitas’, o en que hay indicios de un reparto de tareas, con un liderazgo estable dando órdenes.
Por este motivo, la Audiencia Nacional absolvió a 13 de los acusados: entre ellos, a Frank Armin Hanebuth, que era presidente de los Hells Angels de Hannover (Alemania) y jefe del grupo con sede en Mallorca. Los demás fueron condenados a penas mínimas. Para todos los que llegaron a un acuerdo con la fiscalía, se decretó la sustitución de las penas por una multa pecuniaria: entre otros, los nueve años y seis meses de prisión decretados para Khalil Youssafi, vicepresidente del grupo creado en la isla española. Además, ninguno de los que se negaron a llegar a un acuerdo con la acusación y fueron condenados fue condenado a más de dos años de prisión, por lo que evitarán la cárcel si no tienen condenas anteriores o ya han cumplido condena en prisión preventiva.
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Además, se aplicaron circunstancias atenuantes a los 32 condenados: retraso injustificado, para todos ellos, y confesión, para los que admitieron los hechos.
En su escrito de acusación, la fiscalía explicó que los Hells Angels se fundaron en 1948 en Estados Unidos y, desde allí, se extendieron durante décadas a otras zonas del mundo, mediante la creación de grupos locales denominados «capítulos». Según la tesis, éstos desembarcaron en Mallorca en 2009: «Este arraigo en Baleares fue consecuencia de la estrategia de la banda a nivel europeo, motivada por la situación geográfica, la existencia de actividades de ocio nocturno, la posibilidad de blanqueo de capitales y tráfico de drogas, y la presencia de residentes extranjeros, lo que facilitaba las prácticas de extorsión», explicó la fiscalía.
Un miembro de ETA admite haber cometido un doble atentado en Alicante y Benidorm
En otro juicio celebrado este martes en la Audiencia Nacional, el miembro de ETA Asier Eceiza admitió su participación en el doble atentado perpetrado el 22 de julio de 2003 en dos hoteles de Alicante y Benidorm, que causó 14 heridos, dos de ellos graves. El terrorista, que llegó a un acuerdo con la fiscalía, aceptó los 182 años de prisión que ésta pedía para él, de los que cumplirá un máximo de 20 años. La fiscalía había pedido inicialmente una pena de 268 años de prisión.
Eceiza ya había sido absuelto dos veces (en 2020 y 2021) por los atentados de Alicante y Benidorm. La Audiencia Nacional había considerado que no había pruebas suficientes contra él. Sin embargo, el pasado mes de abril, el Tribunal Supremo ordenó la celebración de un nuevo juicio tras considerar que aquellas sentencias se basaban en «razones arbitrarias e ilógicas». Así pues, la nueva vista se fijó para este martes, a la que el etarra llegó con una condición que no existía hasta ahora: el tribunal ya le había condenado el pasado enero a 19 años de cárcel por su participación en el asesinato de Juan Priede, concejal socialista de Orio (Gipuzkoa), en 2002.
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Martina Rodríguez es periodista española nacida en Mallorca, España, en 1965. Comenzó su carrera trabajando como reportera local para el Diario de Mallorca. En 1993, fue contratada por el periódico nacional El País, donde trabajó como corresponsal en la oficina de Madrid. También ha trabajado como periodista independiente para varias publicaciones, incluyendo El Mundo y The Guardian. En los últimos años, ha sido colaboradora habitual de la revista online Gatopardo.
Rodríguez está considerada como una de las principales periodistas españolas. Ha ganado varios premios por su trabajo, entre ellos el Premio de la Asociación de la Prensa de Madrid (2003) y el Premio Nacional de Periodismo (2007). En 2010 recibió el prestigioso Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.
Rodríguez también ha participado activamente en la promoción de la libertad de prensa y la libertad de expresión en España. En la actualidad colabora con el diario de las islas baleares: Gaceta Balear.
