contra el decreto de superávit del Gobierno

Continúan por escrito afirmando que las normas deben ayudar y alentar el cambio, «no al revés». En este sentido, indican que el actual decreto no es excesivo “nos parece que la mejor manera de hacer un cambio real es, por tanto, ampliar su alcance. Pensamos que, lejos de contribuir a la solución, daña la imagen y el esfuerzo que todos estamos haciendo.

Los hosteleros de Sant Antoni defienden que esta normativa del Gobierno «no se adapta a la realidad del municipio ni de la zona afectada». Por ello, declaran que se trata de un decreto “hecho por y para dos zonas separadas de Mallorca, Magalluf y Playa de Palma. Hablar de balconing o partyboats (dos puntos en los que se centra mucho el decreto y partyboats en los que, como siempre, se fomenta el consumo de alcohol) no tiene sentido si es bajo la zona del West End».

Los empresarios del alojamiento también critican la falta de acción del Gobierno: “No hemos visto ninguna actuación práctica por parte del Gobierno en nuestro municipio, una zona donde hay exceso. No hay constancia de que se hayan hecho esfuerzos para aumentar las fuerzas de seguridad, ni que se haya invertido ningún monto adicional, que es lo que se necesita.

En cuanto a las soluciones que aportan, defienden que “las ordenanzas municipales deben cumplirse y hacerse cumplir; Es la prioridad y la más eficaz». También reclaman que haya más presencia policial en determinadas zonas del municipio donde hay mayor afluencia «para evitar determinadas prácticas y para evitar conductas incívicas en la vía pública». También reclaman inversiones públicas «bajo el paraguas del Plan Integral, que cuenta con el consenso de todos los partidos políticos, ya que es fundamental la unidad, no sólo del sector público y privado, sino también de las agrupaciones políticas de nuestro municipio», señalan. . conclusión.

Cabe recordar que desde que se presentó este decreto hace meses, el Ayuntamiento de Sant Antoni y los hoteles de la localidad rechazaron esta normativa por repercutir negativamente en la imagen del pueblo y compararlo con otros lugares, como Magaluf. La normativa prohíbe el alcohol y la publicidad ‘todo incluido’ que haga referencia a su consumo en determinadas calles del West End, así como la venta de bebidas alcohólicas en los comercios de la zona entre las 21.30 y las 8.00 horas.

En cuanto a la implementación de las normas, el Gobierno y el Consell d’Eivissa han intercambiado acusaciones sobre quién debe implementarlas. En este sentido, el consejero de Trabajo y Turismo de Baleares, Iago Negueruela, acusó contra la máxima institución de la isla y contra Vicente Marí, a quien acusó de no hacer nada contra el turismo adicional, y también contra el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra.