El Govern de las Islas Baleares, el Consell Insular de Ibiza y todos los ayuntamientos de la isla han llegado a un acuerdo para intensificar la lucha contra las fiestas ilegales, a través de una modificación de la Ley 7/2013, de 30 de noviembre, de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Islas Baleares.
El objetivo es hacer frente a la explosión de las fiestas ilegales, sobre todo las que se llevan a cabo en viviendas y en determinado ámbito de suelo rústico. Estos tipos de actas, al margen de la competencia desleal que suponen para las actividades de entretenimiento y ocio legalmente establecidas, no solo implican un riesgo importante para las personas que participan, en no tener los lugares donde se llevan a cabo los elementos de seguridad y requeridas protección requeridas, sino que también tienen importantes impactos en el orden público y en la convivencia ciudadana, generan molestias y revuelos, problemas de movilidad y de acceso de servicios esenciales, además de ser un foco potencial hacia otras actividades ilícitas.
Con esta modificación de la Ley se hace una definición cuidadosa de estas fiestas, diferenciándolas de las que tienen un carácter familiar o privado y del resto de actividades no permanentes que, a pesar de que pueden presentar similitudes con estas fiestas, no tienen este carte eventos organizados como oferta paralela a la oferta legal de ocio y entretenimiento.
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