El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares (ICAIB), Martín Aleñar, anunció ayer que ha enviado una carta al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB), Carlos Gómez, expresando la «profunda» preocupación de la Abogacía por la «grave» situación en la que se encuentra la Administración de Justicia y los perjuicios que ello está causando «no sólo a los profesionales que, de una u otra forma, la servimos, sino sobre todo a las personas que confían en nuestra Justicia para proteger sus derechos e intereses legítimos».
Eva Cardona, de Ibiza, miembro de la junta directiva del Colegio de Abogados de Baleares, también reconoció la preocupación del colectivo por la situación judicial en las islas. «Son problemas que no son nuevos y, precisamente por eso, estamos preocupados, porque pasa el tiempo y no se resuelven, sino que se agravan», dijo Cardona.
Otras dificultades
En este sentido, el letrado recordó que las recientes huelgas en varios ámbitos judiciales han incrementado las dificultades. «Por todo ello, nos hemos dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Baleares manifestando nuestra gran preocupación y ofreciéndonos a colaborar y crear un frente común, si es necesario, para exigir medidas que modernicen el sistema judicial, haciéndolo más ágil y un sistema judicial del siglo XXI, como se merecen los ciudadanos de Baleares», explicó.
Para empezar, trabajarán conjuntamente en la elaboración de un diagnóstico que defina la situación real, para después exigir «en su caso» que se lleven a cabo los cambios solicitados. Se trata de trabajar juntos para dar la vuelta a la situación», insistió.
Incertidumbre
Cardona reconoció que la situación política nacional, con un gobierno en funciones y la posibilidad de nuevas elecciones, no es beneficiosa para el poder judicial. «Por ejemplo, durante la última legislatura se estaban elaborando tres leyes para modernizar el poder judicial, con propuestas de eficacia procesal, organizativa y digital. Cuando la legislatura terminó abruptamente, los proyectos de ley fueron abandonados. Si el nuevo gobierno es de tipo continuista, probablemente se retomarán, aunque habrá que empezar de nuevo la redacción de los proyectos de ley. Si hay un cambio de gobierno, es probable que no puedan utilizarse», afirmó.
Cardona reiteró que en las Pitiusas ‘participamos de los mismos problemas que en el resto del país’, aunque ‘es muy difícil que venga a las islas el personal necesario, desde jueces a funcionarios’. Una vez más, el problema de la falta de vivienda y el alto coste de la vida es la razón principal, lamentó.
Escrito
El rector del Ilustre Colegio de Abogados de Baleares (ICAIB), Martín Aleñar, afirmó ayer que ‘siempre estamos abiertos a colaborar y poner sobre la mesa todas las ideas y trabajos necesarios para mejorar la situación judicial en las islas’.
En su carta, el rector achacaba a la falta ‘histórica’ de recursos humanos y medios materiales la grave situación en la que se encuentra la Justicia, destacando también la paralización de actividades durante los primeros meses de la pandemia y refiriéndose a los conflictos laborales que ‘atormentan’ a este servicio desde principios de año.
Aleñar se refirió a la situación de los juzgados y tribunales, ‘muchos de los cuales se encuentran ya al borde de la parálisis, como lo demuestra el hecho de que faltan más de tres años para que se produzcan los nombramientos’.
En su carta, reiteró que son necesarias actuaciones ‘urgentes’, por lo que ayer optó por comunicar este ofrecimiento al TSJIB y ‘discutir las posibles soluciones que entren dentro de nuestros respectivos ámbitos de actuación y hacer un frente común para exigir aquellas otras que queden fuera de nuestras competencias’.
Actividad
La actividad de Ibiza ha consolidado este año una tendencia al alza en relación con la justicia gratuita. Según los datos del primer semestre de 2023, entre enero y junio el número de procedimientos superó los 3.600, un 15% más que en el mismo periodo de 2022.
Entre otros datos, en el primer semestre hubo 1.978 procedimientos relacionados con delitos penales, violencia de género y menores, frente a los 1.533 del mismo periodo de 2021.
El ICAIB denunció que el aumento del número de procedimientos se produce «en uno de los momentos más críticos que vive la Administración de Justicia, que se encuentra prácticamente paralizada y al borde del colapso debido no sólo a la histórica falta de medios e inversiones de la que adolece, sino también por los efectos de las huelgas que se vienen produciendo en el sistema judicial desde principios de este año.»