Ana Domínguez, secretaria del comité de empresa de la residencia de ancianos Sa Serra, gestionada por la Fundación Adicciones del gobierno balear, explicó anoche en el programa Bona Nit Pitiüses (BNP) de TEF que la conselleria que dirige Fina Santiago dijo estar dispuesta a negociar con sus trabajadores en la isla. Se trata de los empleados de las residencias de Sa Serra, Can Blai y Can Raspalls. Con esta oferta, el gobierno intenta evitar que lleven a cabo la amenaza de huelga convocada para el 3 de abril.
La oferta, sin embargo, tiene una cláusula importante. Según explicó Domínguez al BNP, el gobierno puede negociar pero no puede llegar a ningún acuerdo porque tomará posesión el 4 de abril. Es decir, no puede aplicar nada que no sea estrictamente necesario para el funcionamiento de la administración hasta las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Los trabajadores, según Domínguez, deben decidir ahora si llevan a cabo o no el paro, porque si lo hacen puede que no sirva «para nada».
Domínguez recordó que este colectivo lleva años sufriendo problemas como la falta de personal, los bajos salarios y la falta de estabilidad. Aunque han exigido repetidamente mejoras para el sector, el gobierno nunca ha respondido a sus demandas. Sólo en 2022 consiguieron un pequeño aumento salarial para algunas categorías del sector sociosanitario. Los beneficiarios fueron médicos, enfermeros, psicólogos y coordinadores de enfermería. Pero los demás fueron excluidos del aumento. Un hecho que generó aún más descontento con el ejecutivo dirigido por la socialista Francina Armengol. ‘No se puede crear esta división’, advirtió Domínguez durante la entrevista, ‘porque todos somos importantes. Ahora hay trabajadores de primera y trabajadores de segunda.
El Gran Olvido».
Domínguez lamentó que el sector sociosanitario ‘sea el gran olvidado de la Administración’ y recordó que fue la pandemia del COVID-19 la que permitió ‘centrar por primera vez la atención en las residencias, las personas mayores y los trabajadores’. Sin embargo, la Administración no fue más allá de las buenas palabras.
La representante de los trabajadores de Sa Serra también subrayó que comprendía la postura del Consell d’Eivissa, que se negaba a aceptar la cesión de la gestión de estas residencias en ausencia de una dotación adecuada. En este sentido, Domínguez aseguró que si aceptaban las condiciones fijadas por el Gobierno, «el primer día tendrían a los trabajadores» pidiendo que se les equiparara con el personal del hospital de Cas Serres, adscrito por la institución insular.
Ana Domínguez, por su parte, denunció que el gobierno retira trabajadores de estas residencias en verano para reforzar el servicio del hospital de Can Misses, lo que aumenta los problemas en estas instalaciones para ancianos y personas con grandes dependencias. Y agradeció a las familias de estos ancianos su comprensión con los trabajadores. «Son conscientes de que falta personal y de que eso afecta a la calidad de la atención», concluyó, «las familias son las primeras que quieren que la plantilla esté completa, que el personal esté formado y que la atención que reciben sus familiares sea de calidad.»