El Consell d’Eivissa no pedirá al gobierno que declare la isla «zona de mercado residencial estresado», como exige la nueva ley estatal de vivienda. Una ley que el gobierno de la popular Marga Prohens ya ha anunciado que no aplicará al archipiélago. A pesar de este anuncio, el concejal de Unidos Podemos en la institución ibicenca presentó este viernes una moción con el objetivo de que el Consell pida al Gobierno que declare Ibiza como zona de estrés, uno de los mecanismos previstos en la ley nacional para aplicar medidas de control del alquiler.
El vicepresidente primero de la institución, el popular Mariano Juan, explicó que el Consell no tiene intención de hacer esta petición porque la ley de vivienda en su conjunto incrementará aún más los precios de los alquileres. Los efectos serán negativos y esta declaración endurecerá aún más el mercado -subrayó-. Si se aplica, se reducirá la oferta, se mantendrá la misma demanda y los precios subirán aún más. Esta ley es como la comida rápida: huele bien pero es mala para la salud’.
La nueva ley estipula que, por ejemplo, en las zonas declaradas en situación de estrés, pueden establecerse topes al aumento del precio del alquiler. Una fórmula que el gobierno insular rechaza porque ‘no ha funcionado’ allí donde se ha aplicado. Mariano Juan también recordó que esta fórmula ‘ya la había inventado Franco con los antiguos alquileres, que hacían felices a los inquilinos, infelices a los propietarios y degradaban los pisos’.
El Vicepresidente puso sobre la mesa la necesidad de «ir a la raíz del problema». En este sentido, recordó que sólo en Vila hay 650 pisos fuera del mercado de alquiler y que ninguna administración se ha dirigido a los propietarios para saber por qué han decidido no comercializarlos. La nueva ley, subrayó, obliga a los propietarios a hacer frente a las cargas que les llevan a tomar esta decisión, por lo que el Consell prefiere optar por otras medidas que les den más seguridad en la situación actual. A continuación, Mariano Juan desgranó las fórmulas con las que el PP cree posible atajar el grave problema de los sin techo en Ibiza: rebajas fiscales, agilización de los desahucios, un seguro público que garantice al propietario una indemnización si devuelve el piso en mal estado, un aval bancario del 20% para las hipotecas y la movilización de suelo público para la construcción de VPO y viviendas asequibles, entre otras.
Ley de vivienda
El podemita Óscar Rodríguez no aceptó ninguno de los argumentos del PP y afirmó que «la principal diferencia de clase que existe hoy en Ibiza es entre propietarios y no propietarios». Rodríguez pidió al PP que «no desaproveche las herramientas» que la nueva ley de vivienda pone a disposición de las administraciones y que «penalice a quienes hacen un uso especulativo de la vivienda». «La ley», subrayó, «permite bonificar al propietario y, al mismo tiempo, da una posición más fuerte al inquilino para que no sufra subidas abusivas de precios».
Por su parte, el socialista Josep Marí Ribas Agustinet defendió la ley nacional de vivienda porque, dijo, «no se trata de eliminar el libre mercado, sino de poder competir con un mercado privado desenfrenado que además expulsa a los que somos de aquí».
El concejal de Vox Jaime Díaz de Entresotos votó igual que el PP. Díaz de Entresotos admitió que la situación de la vivienda en la isla ‘es grave’. Pero, al mismo tiempo, denunció que la legislación estatal ‘establece fórmulas que van contra la libertad y la propiedad privada’.
