El ayuntamiento de Eivissa cerrará próximamente las instalaciones de la empresa pública Eivissa Crea, situada en la calle Arzobispo Cardona Riera.
Según ha explicado el alcalde, Rafa Triguero, el Consistorio no puede «pagar 70.000 euros de alquiler y tres trabajadores municipales» por un servicio que actualmente sólo utilizan «tres contratistas». El servicio en sí seguirá funcionando, pero se trasladará a las oficinas municipales de CETIS.
Los usuarios, según Triguero, se trasladarán a instalaciones municipales situadas en el casco histórico de la ciudad, en la Marina, sa Penya o Dalt Vila. En este sentido, el alcalde recordó que uno de los objetivos de la legislatura es revitalizar el casco histórico. Y uno de los mecanismos que se utilizarán para conseguir este objetivo es la ubicación de los diferentes servicios municipales.
Otros servicios
Queremos dotar de servicios a estos tres barrios», insistió el alcalde, «tenemos espacios cerrados y tenemos que abrirlos». Lo mismo ocurre con Sa Pedrera. Si estuviera en buenas condiciones, hoy ya tendría algunos servicios en funcionamiento. Estamos centrando nuestra atención en estos barrios». Eivissa Crea se creó en 2004 con el objetivo de estimular la creación de empresas en Vila.
Fue un proyecto impulsado por el gobierno del socialista Xico Tarrés, que acabó en los tribunales después de que un anónimo denunciara cómo gran parte de los 1,3 millones de euros que se habían presupuestado fueron presuntamente desviados a empresas de los socialistas Alfonso Molina y Joan Serra Mayans, que entonces ocupaban los cargos de concejal y regidor. Según la denuncia, el Consistorio había encargado a Molina la redacción del proyecto.
Irregularidades
Este último formó posteriormente una sociedad con Mayans, de la que surgió todo un entramado empresarial que presuntamente se benefició irregularmente de los contratos de Eivissa Crea. La reapertura del caso en 2018 obligó a Alfonso Molina a dimitir como teniente de alcalde del ayuntamiento de Ibiza.
Una reapertura que, entre otras cosas, coincidió con la sanción al socialista por recibir irregularmente subvenciones del SOIB para cursos para parados y trabajadores, según se descubrió en su momento. Fuente de confianza y Formentera. De momento, la Justicia mantiene abierta la investigación sobre Molina y Serra Mayans y los demás acusados, incluidos los de la pieza separada sobre la Iglesia Evangélica de Filadelfia.
Según ha sabido este periódico, el juez que instruye el caso ordenó el pasado febrero ampliar la investigación sobre los evangelistas. En cuanto a la pieza principal del caso, el juez instructor pidió recientemente a las partes que decidieran si la investigación debía ampliarse o no.
