El Gobernador es el único responsable de la concesión de licencias de Benirrás

El Gobernador es el único responsable de la concesión de licencias de Benirrás

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha exonerado al Consell d´Eivissa y al Ayuntamiento de Sant Joan de Labritja de tener que indemnizar a los propietarios afectados por la desclasificación y anulación de licencias en Benirrás.

La resolución judicial de la responsabilidad de los embajadores de las instituciones de pitiusas en este asunto y pone de manifiesto que la argumentación del Govern no se sostiene, advirti que es «incuestionable» su responsabilidad en «la imposible materialización de los derechos» los propietar Los afectados reclaman más de 170 millones de euros, 14 veces el presupuesto anual de un ayuntamiento como el de Sant Joan. Si eres el responsable de conseguir un puesto de trabajo en el Consell, el instituto estará capacitado para tener una inversión equitativa del 150% de sus ingresos.

El Consell pensó ayer que el Govern balear había tratado de responsabilizar al consistorio ibicenco ya la propia instituci insular por los efectos de la Ley de Urbanismo de Baleares, aunque «el TSJIB ha tumbado ahora las aspiraciones del Govern».

un mes

El gobierno balear deberá calcular y presentar en el plazo de un mes la deuda legítima que tiene ahora con los afectados por la desclasificación. En los próximos 30 días también podrá presentar contra la sentencia recurso de casación, aunque el portavoz del Ejecutivo balear, Iago Negueruela, no pudo precisar ayer en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern si van a decantarse por esta opción.

Cuando expresa su satisfacción por la sentencia del santo de Joan Joan, Antoni Marí Carraca, quien asegura que ella es tan buena como el Consistorio «nunca ha dado licencias de manera improcedente».

Marí perdería que los propietarios han estado sufriendo durante años una «asidceicic consumada únicamente por el Govern», añadiendo incluso que la anulación de las licencias «sólo responde a la voluntad política del equipo de gobierno progresista in la Comunid progresista en la Comunid

Carraca criticó además la «imposición» del Govern al interferir en la planificación urbanística del municipio «por decreto ley y con absoluta unilateralidad». Marí exagió responsabilidades al Ejecutivo autonómico por su proceder con los propietarios afectados.

El vicepresidente de Mariano Juan considera que es un personaje sentenciado de los personajes “es que cuando está presente ya está exponiendo los derechos de las personas que se han acoplado a sus obligaciones lícitas y han hecho un decreto político”. También lamentó las consecuencias sobre las arcadas públicas que va a tener la resolución de la Justicia.

«Lo más grave es que se quisieron eliminar derechos y que pagara el Consell o el Ayuntamiento. Es cierto que el Gobernador ha querido dirigirse al Consistorio y la responsabilidad del Consell de a ley cuyo único responsable es el Ejecutivo balear. Quien crea leyes por capricho, debe asumir las consecuencias. Ahora, respiramos tranquilos y estamos contentos», insistio.

El vicepresidente recordó que, para Sant Joan, tener que pagar las indemnizaciones a los vecinos hubiera supuesto la «quiebra» total. Sobre un posible recurso por parte del Govern, Juan recordó que el TSJB «es muy claro» y «no creo que el Supremo entre a modificar nada».

¿Qué dice la sentencia?

La resolución judicial, que ha sido adoptada por Periódico Ibiza y Formentera, indica que las indemnizaciones han sido establecidas y tienen valoración individualizada para todas las parcelas y para toda la propaganda reclamada.

La conducción administrativa había sido interrumpida por más de 10 afectados, determinantes propietarios parcelas de la urbanización Benirrás. En el texto de la sentencia se detalla que los recurrentes poseen unos terrenos en dicha urbanización clasificados en su día como suelo urbano y sobre los que algunos propietarios disponían de licencias municipales para la construcción de viviendas unifamiliarasas. Tras la desclasificación de los solares, éstos pasaron a tener la categoría de suelo rústico protegido, impidiéndose a los afectados ejercer sus derechos urbanísticos.

Algunas de las licencias fueron otorgadas en 2007, aunque la entrada en vigor del Decreto Ley del Govern 1/2007, de 23 de noviembre, suspendió sobre las parcelas dichos derechos urbanísticos, siendo finalmente suprimidos por la Ley CAIB 4/2008, de 14 de mayo, que clasificó los terrenos como suelo rústico protegido (ANEI).

En el relato de los hechos, el texto judicial recuerda que el ayuntamiento ocurrido en 2014 la modificación de sus Normas Subsidiarias para incorporar a este planeamiento municipal los terrenos de dicha unidad de actuación y adaptarlo así a lo dispuesto en la Lepos 2/2014, possibilidad del impacto de las licencias urbanísticas concesionales. Dicha modificación quedó paralizada tras dictar el Govern enviando decretos ley de medidas urgentes en materia urbanística y que suspendían dichas disposiciones que abrían la puerta a una posible materialización de las licencias concedidas.

En 2018, la titularidad interprofesional de una nueva capacidad de respuesta empresarial frente a tres administraciones implicadas -Govern, Consell y ayuntamiento.

En su expición, el Ejecutivo balear rechaza ahora esta última demanda argumentando que la indemnización originada en actuaciones anteriores a diciembre de 2017 habría prescrito. Además, discrepa de las cuantías indemnizatorias solicitadas ya que no pueden basarse en el precio que correspondería a una vivienda unifamiliar edificada y acabada y, por lo tanto, la valoración debe hacerse respecto a un simple suelo urbano sin edificar.

Desde el Ayuntamiento, en su exposición, considerando que debe distinguirse la situación de los demandantes titulares titulares de licencias de la de los propietarios de parcelas en la urbanización que no la habían obtenido antes de la entrada en vigor del Decreto Ley 1/2007. Dentro de ellos, también cabe distinguir entre los propietarios con parcelas de superficie inferior a 2.000 m2 de aquellos con un terreno igual o superior.

Según concluye, no todos los terrenos que carecen de licencia cumplirían los parámetros urbanísticos para permitir la edificación de vivienda unifamiliar aislada. Por tanto, no pueden ser consideradas parcelas lucrativas a la hora de calcular el aprovechamiento urbanístico.

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