Ni siquiera en año electoral los promotores ven «ninguna acción decidida» por parte de la clase política, ni en el gobierno ni en la oposición, para solucionar la crisis de la vivienda en Baleares. El problema del acceso a la vivienda en Baleares. Además, el sector hace recaer la mayor parte de la responsabilidad de la crisis de la vivienda sobre los hombros de una administración pública que, según denuncian, no ha sido capaz de evitar la situación actual a pesar de las advertencias que lleva lanzando desde hace años.
Así lo manifestaron el jueves Luis Martín y Óscar Carreras, presidente y vicepresidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Baleares, subrayando que la situación de emergencia habitacional «ya no es una amenaza, es una realidad». El contexto actual es tan hostil para el comprador medio balear que la vivienda ha alcanzado precios prohibitivos. Por ello, advierten de que no sólo hay escasez de vivienda nuevaLa situación es que, por primera vez en las Islas, dos personas con un salario medio no pueden cumplir las condiciones mínimas para una hipoteca.
«No hay suelo disponible, se ha eliminado todo el suelo urbanizable con posibilidad de construir vivienda asequible, no hay ayudas suficientes para el comprador y el proceso administrativo sigue ralentizándose», se quejan los promotores, al tiempo que critican que los millones que pagan en impuestos a la Administración no se reflejan en el servicio prestado. O al menos en la reducción del periodo de espera. «No podemos esperar dos años por una licencia, eso encarece el precio final», dice Martín, y añade que «nosotros tenemos que cumplir todo lo que dice la ley, mientras que ellos sólo tienen que cumplir una cosa: tramitar las licencias en tres meses. Eso es lo único que tiene que cumplir la administración y no lo hace».
Según Martín, los promotores pagan unos 20 millones de euros en tasas «para que se haga este trabajo». Por otro lado, este dinero no repercute directamente en facilitar su actividad, reducir los tiempos de espera mejorando los recursos o aumentar el personal.
En consenso político El sector reclama un «consenso político» para abordar los graves problemas estructurales de la política de vivienda. En su opinión, la solución debe incluir, entre otras cosas, un cambio en el modelo de crecimiento urbano que permita la construcción de más viviendas de alto standing. «No talemos más almendros, vayamos hacia arriba. La tierra es limitada, el cielo no. Permitir el crecimiento en altura en determinadas zonas es una fórmula que ya han apoyado el Colegio de Arquitectos y la Asociación de Agentes Inmobiliarios.
Por otro lado, critican que la reciente polémica en torno a los debates sobre la limitación de los precios de alquiler o las restricciones para los compradores no residentes «son cortinas de humo» que pretenden «desviar la atención y tapar ocho años de mala política de vivienda». En relación con estas cuestiones, Martín señaló que se solicitó un informe a un bufete de abogados sobre la compra de viviendas por parte de no residentes y que la conclusión fue que los extranjeros compran en zonas donde no se construyen viviendas asequibles. Por otra parte, limitar la precio de los alquileres «siempre ha sido un fracaso allí donde se ha intentado», advierten.
