Ahora que se acerca el 1 de marzo, Día de las Islas Baleares, que coincidirá con el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía, merece la pena volver sobre la historia y darse cuenta de que, en una conmemoración aún más completa, en 2023 se cumplirán 150 años de la oportunidad que tuvo nuestra comunidad de convertirse en un Estado dentro de la República Federal Española. Este fue el primer proyecto legal que contempló el autogobierno de las Islas Baleares tras la aplicación del Decreto de la Nueva Planta a Mallorca y las Pitiüses en 1715 (en aquel momento Menorca era británica).
Tras la abdicación de Amadeo I de Saboya, el 11 de febrero de 1873 se proclamó la Primera República Española, sin definir si sería unitaria o federal. En mayo se celebraron elecciones a Cortes Constituyentes, que decidieron el 8 de junio que la República sería federal. Sin embargo, la joven República no era ajena a las convulsiones que se habían producido en España durante el siglo XIX y su primer presidente, Estanislao Figueras, temió por su vida y huyó a Francia.
Fue sustituido por Francesc Pi i Margall, que inició la redacción de la Constitución de la República Federal, con Emilio Castelar como principal redactor. Castelar sería el cuarto y último presidente de la efímera república. En previsión de una configuración federal de España, 25 diputados se pusieron a trabajar en la redacción de la Constitución y presentaron un borrador el 17 de julio.
La lista de nuevos estados aparece en el Artículo 1 e incluye las Islas Baleares, Andalucía Alta (oriental), Andalucía Baja (occidental), Aragón, Asturias, las Islas Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia (con Albacete), Puerto Rico, Valencia y las regiones vascas. Esta configuración es la misma que la de las regiones establecidas durante el franquismo, salvo la división de Andalucía y, por supuesto, la ausencia de Cuba y Puerto Rico, que se perdieron en 1898. Filipinas y los territorios africanos seguirán considerándose colonias.
Otro artículo definía las competencias de los estados: industria, hacienda, obras públicas, carreteras, asistencia social, educación (enseñanza) «y todos los asuntos civiles y sociales no atribuidos al poder federal». Se permitía a los estados mantener una fuerza pública, «no más de la necesaria para su policía y seguridad interior».
Lo cierto es que el poder federal central se reservó una extensa lista de competencias, un total de 23, entre ellas las relaciones exteriores, los tratados de paz y comercio, la declaración de guerra (por ley), la unidad territorial, el ejército y la marina (y el nombramiento de sus jefes), correos, telégrafos, transportes interterritoriales, deuda, contribuciones e ingresos, el gobierno de las colonias, los códigos generales, la moneda, las aduanas y aranceles, y la sanidad.
Haciendo una comparación forzada con las autonomías actuales, el poder federal central se reservaba más o menos las mismas competencias que el gobierno central actual, más la sanidad. También se reservó la enseñanza universitaria, que entonces escaseaba.
El proyecto de constitución no satisfizo a la mayoría y se dio prioridad a reprimir la rebelión de los cantones. El proyecto de constitución federal fue finalmente archivado. El 3 de enero de 1874, el general Pavia organizó un golpe de estado que dejó la República bajo mando militar. La República languideció hasta diciembre siguiente, cuando el pronunciamiento del general Martínez Campos puso fin a la misma y proclamó a Alfonso XII rey de España.
En 1931, con la II República, se elaboró un proyecto de Estatuto de Autonomía. La desunión política impidió su aprobación. Así, Baleares no tuvo un texto legal de autogobierno hasta 1983, hace ahora 40 años.
