Las Baleares eran una de las regiones menos competitivas antes de la guerra.

El Informe de Competitividad Regional de la CGE -que no tiene en cuenta los efectos de la invasión rusa ni la recuperación económica de 2022- evalúa la situación de cada comunidad autónoma en función de siete ejes: entorno económico, mercado laboral, capital humano, entorno institucional, infraestructuras básicas, eficiencia empresarial e innovación tecnológica.

De este modo, se utilizan escalas que no sólo se centran en contextos macroeconómicos, sino que también incluyen cuestiones relacionadas con el progreso o el bienestar social. Cada uno de estos ejes reúne múltiples variables que van desde el PIB per cápita hasta el nivel educativo o el índice de calidad del gobierno, pasando por la densidad de las infraestructuras, la desigualdad o la inversión en protección del medio ambiente o en investigación y desarrollo.

‘No se trata de un acontecimiento comunitario. La competitividad es un concepto abstracto, de naturaleza multidimensional, que no sólo se refiere a la productividad», afirma el presidente de la CGE, Valentín Pich. Sin embargo, las diferencias en los sistemas educativos, la sanidad, la capacidad tecnológica y el progreso digital son evidentes: el informe revela una España a dos velocidades en la que la Comunidad de Madrid, Navarra y el País Vasco están a la cabeza, con un alto índice de competitividad regional (icreg). Las Islas Baleares se sitúan a la cola de la clasificación, precedidas únicamente por Canarias, Andalucía y Extremadura.

Recuperación moderada
Así pues, se observa una recuperación moderada con respecto a 2020. Las variables que más contribuyen a la competitividad de las Islas son la tasa de empleo femenino, la tasa de abandono escolar, la deuda per cápita, el tráfico aéreo y el parque de vehículos ecológicos, el dinamismo empresarial y el comercio electrónico.
Por el contrario, las variables con peores resultados en 2021 son la tasa de ahorro, la tasa de paro de larga duración, la delincuencia (tasa por mil habitantes) y las empresas de mediación social.

En este sentido, los ejes más negativos fueron el entorno económico, el entorno institucional, la eficacia empresarial y la innovación tecnológica. Esto lleva al informe a concluir que el archipiélago es una de las regiones cuyos ciudadanos y empresas necesitan «más preparación y recursos para hacer frente a los constantes cambios y retos de nuestro entorno».