En cuanto a lenguaje sy se basan principalmente en dos áreas: educación y salud. Respecto a la primera, apuestan por consolidar «un modelo educativo basado en el mérito, el esfuerzo, la capacidad y el respeto al profesorado, que genere oportunidades y libre de adoctrinamiento ideológico«. Además, «los padres deben ser libres de elegir la escuela para sus hijos, así como el tipo de escuela a la que deben asistir». primera lengua de enseñanza. Nos comprometemos a extender este derecho a todas las etapas educativas antes del final de la legislatura, sin excluir ninguna de las lenguas cooficiales». Para ello, «modificaremos la normativa sobre imposición lingüística, partiendo de la base de que existen dos lenguas oficiales en la comunidad». También se suspenderá la aplicación actual de la LOMLOE y se recuperarán las calificaciones numéricas según el criterio profesional y pedagógico de los profesores.
También habrá «el correspondiente desarrollo reglamentario para garantizar la el desconocimiento del catalán no penalice el acceso a la función pública.«y garantizarán el derecho de todo ciudadano a dirigirse a la Administración Pública en una de las dos lenguas oficiales y a recibir una respuesta en la lengua de su elección». Además, «cambiarán la Ley 3/2003, de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma.así como todas las normas de rango inferior que obstaculizan el bilingüismo y la libertad de elección de lengua en los procedimientos y comunicaciones de la Administración».
Cabe señalar que es La Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos permanecerá cerrada. y será se creará una Oficina de Protección de la Libertad Lingüística. «para defender la libertad de uso y elección lingüística y promover la protección del castellano y el catalán y las modalidades lingüísticas de las distintas islas». En materia de salud suprimirá el requisito lingüístico y la revisión del plus de insularidad para adaptarlo al coste real de la vida en Baleares.
Recortes fiscales
El PP y Vox han anunciado que en los seis primeros meses de la legislatura aprobarán ‘una una fuerte rebaja del IRPF«. Entre otras cosas, supondrá «una reducción del tipo autonómico en todos sus tramos y, en particular, para los contribuyentes con rentas medias y bajas; la creación de nuevas deducciones.
En los primeros 100 días la Impuesto sobre sucesiones y donacionespara todas las herencias entre padres e hijos, entre abuelos y nietos, entre cónyuges; y lo reducirán en un 50% entre hermanos o entre tíos y nietos. También suprimirán el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para la adquisición de la primera vivienda habitual para jóvenes menores de 30 años y para personas con discapacidad, para viviendas de hasta 270.000 euros, con la posibilidad de ampliarlo hasta 350.000 euros en zonas acentuadas. También reducirán este impuesto en un 50% para la compra de la primera vivienda habitual para jóvenes menores de 35 años y para familias numerosas. Otro compromiso es reducir «progresivamente, hasta su total eliminación durante la legislatura, la tasa turística». Impuesto sobre el patrimoniotodo ello condicionado a la derogación del impuesto de solidaridad sobre las grandes fortunas aprobado por el Estado».
Seguridad
El seguridad es otro elemento clave del acuerdo. Por tanto, «en caso de ocupación indebida de la propiedadlos poderes públicos garantizarán el derecho de propiedad poniendo a disposición de la justicia todos los medios personales y materiales necesarios para proteger a las personas afectadas». Además, «incluiremos la la okupación como delito grave en la nueva Ley de Vivienda, por lo que los okupas no podrán recibir ayudas a la vivienda ni acceder a viviendas sociales de alquiler del Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI)». Además, se creará una Oficina de Defensa de las Víctimas de la Okupación y una línea telefónica permanente para asesorar y apoyar a todas las víctimas de la okupación, y se establecerán ayudas asistenciales y económicas para las víctimas de la okupación.
Otra de las medidas previstas es la aprobación de «una plan de choque inmediato contra la inmigración ilegalEste plan incluirá la necesaria colaboración documental con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la identificación de las personas en situación irregular en las islas para que puedan ser identificadas. Este plan incluirá la necesaria colaboración documental con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la identificación de las personas en situación irregular en las islas para que puedan ser repatriadas conforme a la ley. El Gobierno exigirá en todas las normativas y licitaciones para el acceso a ayudas y subvenciones públicas la acreditación de la residencia legal y no sólo el certificado de empadronamiento».
En relación con la inmigración ilegal, afirman que, dada «la evolución de la llegadas de pateras y defienden que «establecida una ruta migratoria consolidada, se reforzará la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante posibles casos de inmigración ilegal, con especial atención a las mafias organizadas que la promueven, y exigiremos al Gobierno de España el establecimiento de nuevos SIVE en nuestra comunidad».
